Nuestra crónica de la conferencia sobre el TTIP (III). Ponencia de Luis Cuena
En la segunda ponencia se habló de aspectos energéticos y cómo el TTIP podría afectar a los ciudadanos y sus entornos.
Se trasmitió que en Cantabria el mayor y principal suministrador de energía, “Viesgo”, a día de hoy es una empresa no española que pertenece en un 70% a una empresa canadiense, y coparticipa con empresas dedicadas a la industria del fracking. En concreto, alguna de las que han pedido permisos de investigación en la comunidad de Cantabria. El 30% de Viesgo pertenece a un fondo de inversión kuwaití, Rent House, que pretende comprar el sistema de gaseoductos de la cornisa cantábrica y así poder comercializar el gas proveniente del fracking estadounidense. Por tanto, se pone de manifiesto que en este caso el territorio español sería simplemente un lugar de destino y venta de los productos de dudosa calidad, rentabilidad y gran impacto medioambiental, como es el gas extraído por fracking provenientes de terceros países. La aprobación de TTIP podría producir que el gas que se utilice en los hogares, industrias y para generación de electricidad pueda provenir de campos de gas fracking estadounidenses.
El 38% de las necesidades energéticas de Cantabria proviene de la presa de Aguayo y estas empresas no tienen intención de acometer ninguna ampliación de su capacidad incluso existiendo ya un proyecto de ampliación de esta presa para incrementar la capacidad d suministro de energía en Cantabria. En lugar de eso, apuestan por traer el gas del fracking estadounidense o de otros países.
Por tanto, de ello se vislumbra que la apuesta de estas empresas no sería el fomentar y potenciar la independencia de suministro de energía a la región utilizando los recursos propios, ni el incrementar la capacidad de generación energética actual ni el aseguramiento de los puestos de trabajo actuales si no que en su lugar se daría preferencia al desembarco de productos de industrias implantadas en otros países y que en muchos casos no cumplen con los estándares en defensa de los derechos humanos, la seguridad e higiene y el medioambiente que en la UE son requeridos.
Otro punto importante es que las decisiones en temas de energía que los gobiernos tomen si hay un acuerdo TTIP aprobado podrían ser demandadas por las empresas por lo que la soberanía de las naciones y sus gobiernos para cambiar las políticas energéticas se vería reducida e incluso cautiva a los intereses de las grandes multinacionales. Igualmente en caso de realizar acciones en contra de esas compañías habría que hacer frente a altos costes, multas e indemnizaciones multimillonarias.
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